VALDEPEÑAS. IU pregunta por el impacto de la subida del IBI en la economía de los valdepeñeros

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento ha solicitado al equipo de gobierno que informe sobre la repercusión que la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) acordada por el gobierno de Mariano Rajoy tendrá sobre la economía de los contribuyentes valdepeñeros. Así lo expresó el portavoz municipal de IU, Gregorio Sánchez Yébenes, en la Comisión Informativa de Hacienda reunida la semana pasada, antes del Pleno convocado para el martes 31.
Sánchez Yébenes llamó la atención sobre el hecho de que los ciudadanos que poseen un inmueble en el término valdepeñero “se han encontrado en menos de un mes con que la carga impositiva que tienen que soportar se ha multiplicado por varias vías”. A la subida del IBI aplicada por Ayuntamiento, entorno al 10 por ciento correspondiente a la actualización catastral, hay que sumar en el caso de la mitad del censo de viviendas -las que superen el valor catastral medio de la localidad- y del cien por cien de los locales, el seis por ciento decretado por el gobierno central para 2012 y 2013. En total, un 16 por ciento.
El incremento “supera los límites de lo asumible”, manifiesta el concejal de IU, para quien es “un desatino esta política impositiva, que castiga por igual a todas las economías familiares y a las empresas, independientemente de su situación o de la renta que perciban, incluso, a quienes están en desempleo”.
Sánchez Yébenes inciden en las dificultades por las que están pasando los valdepeñeros para poder mantener sus viviendas en este contexto de crisis económica, desempleo y precariedad laboral, prueba de lo cual, según arguye, es el dato de que en Valdepeñas la morosidad en el pago de este impuesto ronda el 15 %.
Sánchez alerta de las consecuencias que podrían tener estas subidas en la economía de la ciudadanía valdepeñera y a las que el Ayuntamiento debe anticiparse.

La jueza de lo Mercantil aprueba el segundo ERE del aeropuerto de Ciudad Real

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil número 4 ha aprobado el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del aeropuerto de Ciudad Real, que afectará a 72 de los 74 trabajadoras que quedan en la infraestructura.

Según han informado a Europa Press fuentes del sindicato CCOO, mayoritario en el Comité de Empresa, el presidente de este órgano, Jorge Acosta, ha recogido este miércoles la documentación del ERE, que ratifica todas las condiciones que expusieron los administradores concursales cuando lo solicitaron.

Así, el ERE, del que solo se salvarán el director del aeropuerto y una persona de Recursos Humanos, se aplicará durante 15 meses a partir del 15 de febrero y su puesta en práctica será escalonada en el tiempo, acomodándolo al cierre de las instalaciones durante un año, también pedida por los administradores concursales y aprobada por la juez.

En la resolución judicial, según han explicado las fuentes consultadas, se da un plazo para el periodo de negociaciones del ERE de 20 días, que debería empezar este mismo 1 de febrero, según los sindicatos.

Los sindicatos, por otro lado, han registrado un escrito en el que se pide que el período de la negociación de las condiciones del expediente sea de 30 días y que se reduzca su extensión de 15 a 12 meses, dado que, de no ser así, se perjudicarian derechos de trabajadores a la hora de completar sus prestaciones por desempleo.

El aeropuerto de Ciudad Real, en concurso de acreedores desde junio de 2010, ya vivió un ERE de un año durante el pasado 2011, en el que se vieron afectados la mayoría de los trabajadores con suspensión de empleo de 6 meses y reducción de jornada y salarios en un 15 por ciento.

15.000 millones para las comunidades y un respiro para Castilla-La Mancha

El Gobierno de Mariano Rajoy ha acordado dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda. La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Así, las comunidades podrán usar los créditos de esta línea para pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de 2012 previamente contabilizados como déficit, y para cumplir las obligaciones de deuda financiera contraída antes del 1 de enero de 2012 que venzan a mediados de este año.

Según la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la medida trata de reducir la morosidad de las administraciones y hacer frente a los aplazamientos en el pago de deudas a las pequeñas y medianas empresas de forma que se pueda dinamizar su actividad.

Más información sobre la noticia

Vicenta Megía Molero

 

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